Los desafíos de Argentina tras la adhesión a la Convención Americana de DDHH para las personas mayores

Por Sol Rodríguez Maiztegui

Justo en la semana en la que Argentina ratificó su adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos para las personas mayores participé de una charla en la que Mónica Roqué, ex directora de la DINAPAM (Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Nación) presentó un informe sobre el deterioro de las políticas públicas para los adultos mayores de nuestro país.

Tamaña tarea tienen y tendrán el Estado Nacional, así como los provinciales, ya que les será ineludible pensar en políticas que mejoren la calidad de vida de las personas envejecientes. Así lo explicó la doctora especialista en derecho de los adultos mayores, miembro del equipo argentino que participó desde sus inicios en la redacción de la Convención, Isolina Dabove: “la adhesión a este acuerdo impacta de manera directa en el contenido y desarrollo de las políticas públicas gerontológicas, tanto nacionales como provinciales. Dado que se trata de un tratado internacional de derechos humanos, se impone también a las Constituciones Provinciales y a la legislación provincial respectiva, automática. No hace falta que las Provincias adhieran a ella. Quedan obligadas a su cumplimiento, igual que el Estado nacional”.

Que nuestro país haya sido uno de los impulsores en la puesta en marcha de este acuerdo denota a las claras, que la población local está envejeciendo y que en ese proceso, el ejercicio pleno de sus derechos no les está garantizado. Hace falta una Convención para atender realmente un tema acuciante proyectado hace tiempo por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) al indicar que hacia el año 2050 el 25% de la población argentina tendrá 60 años o más.

“La Convención reconoce y consagra los derechos humanos básicos de las personas que transitan la última etapa del ciclo vital, en base a una mirada positiva de la vejez”, explicó Davobe. “Entre ellos se destacan, el derecho a la dignidad e integridad, la igualdad y no discriminación por razones viejistas el derecho a vivir sin violencias ni abusos, todos las libertades y derechos patrimoniales, el derecho a recibir cuidados respetuosos, la cuestión de las residencias gerontológicas, el derecho a la educación​ y participación política y ciudadana, entre otros. Asimismo, esta Convención permite que cualquier persona mayor pueda interponer una denuncia por violación de sus derechos humanos ante la Comisión Interamericana, una vez agotadas las vías de reclamo del país”, agregó.

Roqué enumeró un sinfín de políticas públicas para adultos mayores en el apogeo de su deterioro que pone en jaque los anhelos de la Convención: “La jubilación mínima, en enero de 2017, compró un 27% menos de alimentos de la Canasta Básica Alimentaria que en noviembre de 2015”, señaló. Asimismo aseveró con vehemencia que “el aumento de la pobreza en la población mayor es alarmante. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2016, la pobreza alcanzó el 26,4% y la indigencia el 4% en mayores de 65 años”. A estos aspectos les sumó: la eliminación de la tarjeta ARGENTA (que otorgaba créditos y descuentos a jubilados en diferentes comercios); que PAMI redujese el subsidio del 100% de los medicamentos; el cierre del programa REMEDIAR y de más de 500 centros de jubilados, así como la baja del canal televisivo para adultos mayores, Acua Mayor. Por último, Roqué definió a la ley de “reparación histórica” para jubilados y pensionados como una “estafa” porque la gran mayoría de los jubilados, hasta el momento, han recibido menos de $500 pesos y 40.000 personas menos de $50.

Ante todos estos hechos es evidente que necesitamos sentarnos a debatir sobre el lugar que verdaderamente ocupan hoy las personas mayores en las agendas públicas y el que deberían tener: ¿Qué tipo de sociedad quiero pensar para los próximos años?; ¿la prolongación de la expectativa de vida, es un acierto de la evolución de la medicina o un defecto del sistema?; ¿que la población, sea una población envejecida, es una ventaja o un gran obstáculo para el desarrollo de los países?; ¿es verdad que queremos vivir más o en realidad el miedo que subyace es el miedo a la muerte, el que nos confronta con uno mayor: el miedo a envejecer?; ¿queremos sobrevivir a la vejez o deseamos transitar este ciclo vital de manera digna y activa?; ¿el paradigma del viejo como objeto de intervención, inservible y desechable, seguirá rigiendo el modo de entender la vida, o deberemos virar hacia una concepción más humana, amorosa, transgeneracional y de cuidados?; ¿las personas envejecientes primero son viejas y luego personas?

Podríamos llenar el diario de preguntas y eso sería muy bueno ya que nos obligaría a reflexionar sobre cuán equivocados estamos en concebir a la vejez sólo como una etapa vital absolutamente fragilizada y desechable. Todos quienes habitamos este planeta somos personas envejecientes. Hemos de comprender que vivir es envejecer. El envejecimiento es parte inherente de la vida, si no envejezco significa que he muerto. Con lo cual, este no es un tema solo de viejos, también lo es de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Pensarme como una persona envejeciente me ayudará a desarrollar mi capacidad empática y a comprender que todo aquello que hago, pienso y digo sobre la vejez en algún momento, si tengo suerte de vivir para contarlo, también me sucederá a mí.